Radican querella contra director de Autoridad de Carreteras por amenazar a empleado

Ángel Pinto Rivera, empleado de la Autoridad de Carreteras radicó ayer una querella ante la Junta de Relaciones del Trabajo contra Axel Muñoz Marrero, director interino de personal de la ACT por éste amenazarlo de “tomar medidas drásticas” si se revelaba a los medios de comunicación información sobre situaciones en la corporación.

Según se desprende de la declaración jurada presentada por Pinto Rivera, empleado de ACT hace 26 años y quien también es presidente del Capítulo de la Autoridad de Carreteras de Prosol-UTIER, la amenaza ocurrió el pasado 3 de septiembre al concluir una reunión entre Pinto Rivera y Muñoz Marrero, de la que además participaba el Coordinador de Prosol, Jesús Anguita donde se discutían los “atornillamientos” en la corporación, aumentos salariales a empleados gerenciales, la solicitud de reclasificación de ciertos unionados y sobre la inacción del patrono a casos positivos de Covid-19.

“Al salir de la reunión, el Sr. Muñoz, el Sr. Anguita y yo caminábamos juntos cuando el Sr. Anguita recibió una llamada por teléfono se escuchó que hablaba con otra persona sobre una conferencia de prensa. El Sr. Muñoz se detiene, me llama aparte y me dice que ya está “cansado” y que “esta mierd@... esta pendej@” lo tienen encojona@” de que yo acudo a los medios cada vez que me reúno con él, que nosotros somos amigos desde hace años, pero que “esto no puede continuar” que va a tomar “medidas drásticas” y que me callara ya la boca”, reza la declaración jurada.

El líder sindical increpó las expresiones de Muñiz Marrero pidiendo que no lo amenazara ni que controlara los foros donde puede hacer sus expresiones. “Las expresiones del Sr. Muñoz me hicieron sentir amenazado en mi trabajo y discriminado por mi participación y posición sindical” añadió.

Según la querella radicada, Muñoz Marrero incurrió y está incurriendo en prácticas ilícitas de trabajo dentro del significado del Artículo 8, sección 1 de la Ley de Relaciones del Trabajo por intentar intervenir, restringir y coaccionar al Pinto Rivera en el ejercicio de sus derechos protegidos bajo la Ley 130 e intentar desalentar su participación sindical con la tenencia de su empleo por amenazarlo con tomar medidas drásticas mientras realizaba gestiones oficiales de la Unión.